La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) considera que el Plan de la Vivienda 2.005/2.008 aprobado por el Gobierno doblará el número de viviendas de protección oficial y de las 40.000 viviendas que se construyen anualmente en nuestro país pasaremos a 80.000 o 100.000. Una buena noticia, sin duda. Esto es gobernar y lo menos que se puede esperar de un gobierno de izquierdas (hay vida más allá de Zerolo), porque este tipo de viviendas son las que permiten que las familias menos favorecidas puedan acceder a un techo digno y a un precio razonable. Otra medida que parece muy acertada es que el plan facilita que se construyan más viviendas protegidas en régimen de arrendamiento, lo que ayuda a que se amplíe el mercado de
alquiler y que haya más pisos disponibles. Y además el plan incluye también la prohibición de que la vivienda protegida pueda venderse en el mercado libre hasta que no pasen 30 años desde que fue adjudicada (ahora este plazo es de 10) con lo que se evita la especulación con unos pisos que están subvencionados por todos. Este es el camino. El único inconveniente es que no se les permite la exención en el Impuesto de Transmisiones (los antiguos Derechos Reales) que se pagan al registrarla, aunque esto no es culpa del Gobierno sino de las comunidades autónomas, incluidas las del PP (abobados peperos), que se han negado pues quieren seguir mangoneando para su tierra. Por lo demás es una muy buena noticia que le debemos al Gobierno socialista y a la vituperada ministra de los "minipisos", que a mí me siguen pareciendo muy adecuados para solteros y matrimonios jóvenes que no necesitan, todavía, espacio para hacer el salto del tigre y otras gárgaras.
