La juez de lo Penal de Murcia, María Poza Cisneros, ha elevado al Tribunal Constitucional una segunda cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley Integral de Violencia Doméstica, aprobada en diciembre de 2004. Lógico. Como ya advertimos por aquí en el mes de enero (joder, cómo pasa el tiempo), no hace falta ser un abogado de León para percatarte del disparate de que a igual delito existan distintas penas según lo haya cometido un hombre o una mujer. Y no porque sea discriminación positiva, sino porque atenta contra los más elementales derechos humanos. Es volver al franquista “delito de autor”; es decir, si lo perpetra mengano tanto, si lo comete fulano tanto. Y desde que se aprobó la ley han muerto 41 mujeres por malos tratos, las misma o más que antes, por lo que no ha solucionado nada. Un fracaso. Argumenta la juez que para castigar más al varón (pues es este el que suele cometer los malos tratos), bastaba con subir la pena y así sería más castigado pues,
efectivamente, es el varón el que más comete el delito. Regla de tres, elemental mi querido Watson. Bastaba pues con subir la pena. Algo que es de cajón. He leído a los listos argumentar que esa “desigualdad” está justificada porque por ejemplo a ellos le gustaría que hubiera desigualdad y discriminación positiva si tuvieran que enfrentarse en un juicio al multimillonario Botín porque él tendría mejores abogados que ellos. Claro, prenda, y también tendría que haber “desigualdad” o “discriminación positiva” cuando tú te enfrentes a un gitano, por ejemplo, que tendrá abogado de oficio, mientras que el tuyo, aunque más malo que el de Botín, será mejor que el de él. Y así, de disparate en disparate hasta el absurdo, porque este es un país de cuchufleta y chichinado donde los cursiprogres pueden alegar en sus editoriales que la ley fue aprobada por una amplia mayoría del Parlamento y que por eso (ellos dicen “por ende”) tiene que ser aceptada por el Tribunal Constitucional, según amenazan chulos, flamencos y bravucones, cuando es una argucia de leguleyos porque si esa amplia mayoría del Parlamento aprobara un decreto ley para establecer la pena de muerte sería legítima, pero seguiría siendo inconstitucional, aunque la respalde una amplia mayoría. No cuela. Volver en septiembre a ver si sacáis mejores notas, porque necesitáis mejorar ya que no progresáis adecuadamente.
